La evasión en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en España se sitúa entre 18.000 y 19.000 millones de euros, más del 1,7 por ciento del PIB, y se centra en las rentas procedentes del capital y de actividades empresariales, según un estudio presentado el jueves por un instituto económico.

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Si a esas conclusiones se suman las de otros trabajos recientes sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el impuesto de sociedades, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) estima que el fraude en las grandes figuras tributarias del país se sitúa entre el 3,5 y el 4 por ciento del PIB.

Bajo el ilustrativo título: «El hueco que deja el diablo», el estudio coincide con la inminente aprobación por parte del Gobierno de una gran reforma fiscal para dinamizar la economía en la que prevé aplicar reducciones «sustanciales» en el IRPF, rebajar el impuesto de sociedades del 30 al 25 por ciento y no subir el IVA.

El estudio de Fedea, realizado a partir de declaraciones del IRPF de 2008, se basa en encontrar el fraude oculto al detectar comportamientos distintos (por ejemplo, en el consumo) por parte de individuos que obtienen una renta de la misma cuantía pero procedente de fuentes distintas.

«Las ganancias y pérdidas por ventas de bienes, intereses, dividendos, fondos de inversión, renta de capital mobiliario en general…, ahí es donde más fraude existe y es el que está más vinculado con la evasión internacional», dijo el catedrático de economía de la Universidad de Zaragoza Julio López Laborda, investigador de Fedea y uno de los autores del estudio.

El informe concluye que las rentas del trabajo dependiente se declaran totalmente, mientras que para el resto de rentas, el porcentaje de declaración va del 39 por ciento de las de capital mobiliario hasta el 55 por ciento de las empresariales que tributan en el régimen de estimación objetiva.

Tras explicar las conclusiones del estudio, López Laborda subrayó que la lucha contra el fraude fiscal tenía que ser una política prioritaria del Estado dentro de sus esfuerzos por reducir el déficit, aunque reconoció que elementos como los problemas de índole internacional con los paraísos fiscales hacían que su erradicación fuera imposible.

«El mejor modelo para combatir el fraude es la coacción o coerción, limitar la voluntariedad en el cumplimiento fiscal», declaró, recordando que diferentes estudios sitúan la economía sumergida en España en alrededor del 20 por ciento del PIB.

El experto de Fedea citó además un estudio del economista Gabriel Zucman según el cual los españoles tenían en 2013 unos 144.000 millones de euros en paraísos fiscales, de ellos la mitad en Suiza, y calculó que el fraude de ese patrimonio era del orden de 7.400 millones de euros anuales.